El acta de labor parlamentaria, tiene en su temario un proyecto de ley del Bloque Todos por Salta, que propone modificaciones a la Ley 7127.
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La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, donde se establecen procedimientos sobre el recupero de viviendas y terrenos ocupados, modifica las condiciones de expropiación del Estado, contempla disposiciones sobre registros inmobiliarios y restablece restricciones a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
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Hubo 237 votos positivos, 9 en contra y 4 abstenciones. El oficialismo descartó el ajuste en el área que dispuso en el Presupuesto 2027 y ratificó gran parte del sistema vigente. En un giro pragmático, los libertarios aceptaron los cambios pedidos por la oposición y el proyecto pasará ahora al Senado.
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La Corte de Justicia de Salta presentó su presupuesto para 2027, que asciende a $196.151 millones, un 25,1% más que los $156.845 millones previstos para 2026. La propuesta contempla mayores recursos para el funcionamiento del Poder Judicial, la incorporación de magistrados y la modernización tecnológica.
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Este martes en la Cámara de Diputados de la provincia se aprobó la media sanción faltante al proyecto que venía del Senado y propone establecer el marco de protección fitosanitaria de la banana Musa spp. de origen provincial.
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De cara a las elecciones del próximo año, en las que Salta elegirá, entre otros cargos, a su próximo gobernador, los diputados del bloque de La Libertad Avanza volvieron a plantear el reemplazo de la boleta electrónica por la Boleta Única de Papel (BUP).
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El proyecto busca reducir el alcance automático del beneficio incorporado en 2021. En Salta, la Puna mantendría el régimen histórico, mientras que otros usuarios podrían tener que acreditar condiciones socioeconómicas para conservar asistencia.
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Este jueves, el Senado de la provincia, le dio la media sanción faltante a los proyectos que autorizan la toma de un crédito por U$D 100 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la autorización para la emisión de un título de deuda pública por US$150 millones.
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