La medida fue celebrada por el Gobierno como una “buena noticia” y un alivio frente al riesgo inminente de desacato, ya que quedaban pocas horas para cumplir con la orden de Preska. “Ya no corren las 72 horas y no hay más riesgo de desacato”, destacaron fuentes oficiales, que incluso calificaron la decisión como un “gran revés en la justicia de Nueva York a favor de la soberanía argentina”.

La suspensión es de carácter administrativo y le otorga más tiempo a las partes para presentar sus argumentos. Burford deberá hacerlo este jueves 17 de julio, mientras que Argentina responderá el martes 22. Ambos habían solicitado esta prórroga, que fue concedida por la secretaria del tribunal de apelaciones, Catherine O’Hagan Wolfe.

Tras ese cruce de escritos, la Cámara designará a los tres jueces que resolverán si la entrega de acciones queda suspendida hasta que se resuelva la apelación de fondo contra la sentencia que impuso un resarcimiento de 16.100 millones de dólares. Según especialistas, ese proceso podría extenderse hasta 2026.

Mientras tanto, el juzgado de Preska continúa con audiencias vinculadas al proceso de “discovery”, en el que Burford busca probar que YPF y el Estado argentino son “alter ego”, es decir, una misma entidad. Si lo lograra, podría avanzar también sobre activos de la empresa, que había quedado fuera de la sentencia en 2023.

En sus últimas intervenciones, la jueza Preska acusó al país de “eludir sus obligaciones” y de utilizar tácticas dilatorias para evitar cumplir con los requerimientos judiciales. “Aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no realizó ningún esfuerzo para satisfacer las condiciones impuestas”, advirtió en un escrito reciente.

El juicio por YPF lleva más de una década y enfrenta al Estado argentino con los fondos Burford y Eton Park, que reclaman una compensación por no haber sido convocados a una oferta pública en el momento de la estatización.