La causa está a cargo de la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. El operativo incluyó procedimientos en domicilios de Coronel Mollinedo, El Tala, El Galpón y Embarcación, donde se secuestró documentación vinculada a la maniobra.

La investigación comenzó el 17 de diciembre de 2025, tras una denuncia del Ministerio de Educación luego de que una auditoría interna detectara una presunta incorporación masiva de certificados apócrifos en procesos de valoración docente. Según se informó, de 292 unidades educativas auditadas se hallaron 291 inscripciones con certificados presuntamente falsos, 286 registros adulterados y 237 docentes involucrados.

De acuerdo a los primeros resultados, 53 docentes habrían mejorado su orden de mérito y 9 accedieron a horas cátedra tras presentar esta documentación.

La maniobra consistía en ofrecer diplomaturas y postítulos con puntaje docente a través de redes sociales, especialmente mediante perfiles de Facebook como “Cursos Educar” o el alias “Ana Guzmán”. Los interesados abonaban sumas que iban desde los 95 mil hasta los 360 mil pesos y recibían certificados en PDF con firmas y sellos escaneados.

El análisis oficial confirmó que la mayoría de los números de registro no existían en las bases de datos. También se detectaron duplicaciones y numeraciones inexistentes. Solo cinco casos coincidían con registros válidos.

La investigación permitió identificar a tres personas clave en la organización: una docente y preceptora que operaba en el sur provincial captando interesados, otra mujer que actuaba como soporte administrativo en el norte y un hombre radicado en San Carlos de Bariloche que sería el administrador digital y receptor de parte del dinero.

Desde la fiscalía informaron que la causa continúa abierta y que se seguirá avanzando sobre el resto de los certificados denunciados.