El juez Leonardo Feans hizo homologó al acuerdo alcanzado entre las partes y condenó a Héctor Rubén Jiménez y Juan Carlos Sacarías a la pena de cinco años de prisión de ejecución efectiva, por resultar coautores de los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefes u organizadores, y estafas.

Asimismo, condenó a Cristian Ignacio Illescas, Fabricio Isaías Sacarías Galindo y Marcos Damián Ruiz a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por resultar coautores de los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembros, y estafas.

En tanto, Emanuel Nolberto Álvarez fue condenado a la pena de un año de prisión de ejecución condicional por el delito de estafa. A pedido del Ministerio Público Fiscal, además, se dispuso el sobreseimiento de Leandro Nicolás Lozano.

Los representantes de las tres empresas damnificadas prestaron conformidad al acuerdo alcanzado. Por su parte, la Fiscalía y las defensas renunciaron a los plazos para recurrir la sentencia. Por otra parte, la Fiscalía solicitó el decomiso de los bienes secuestrados.

La investigación de la UDEC se inició a partir de denuncias realizadas por tres empresas que resultaron damnificadas mediante maniobras con cheques electrónicos: una firma dedicada a la venta de elementos de seguridad industrial, una empresa de lubricantes y un comercio de artículos para el hogar.

Los investigadores determinaron que, entre septiembre de 2022 y abril de 2023, Jiménez y Sacarías, en su carácter de jefes u organizadores, actuaron junto al resto de los integrantes mediante una distribución de tareas previamente establecida.

La maniobra consistía en presentarse en distintos comercios simulando solvencia económica para concretar compras de productos por montos millonarios. Como medio de pago entregaban cheques electrónicos, pese a conocer que no serían acreditados por carecer de fondos las cuentas bancarias asociadas.

La Fiscalía estableció que los organizadores captaban personas jóvenes sin antecedentes financieros negativos, a quienes ofrecían una retribución económica a cambio de abrir cuentas bancarias y gestionar chequeras. Posteriormente, estas personas concurrían a distintos comercios para adquirir mercadería por importantes sumas de dinero utilizando los cheques emitidos.

Finalmente, las sumas obtenidas eran transferidas a cuentas pertenecientes a los organizadores o a personas vinculadas con ellos. El análisis y entrecruzamiento de la información reunida permitió a la  UDEC establecer que todos los hechos respondían a una misma modalidad delictiva y eran ejecutados por los mismos involucrados.