El Ministerio de Educación de la provincia de Salta presentó una denuncia penal ante la Justicia por un presunto fraude sistemático y organizado en la acreditación de postítulos docentes. La acción legal se tomó luego de que una auditoría interna revelara la utilización de certificados apócrifos para sumar puntaje en los concursos y designaciones de cargos, lo que distorsiona los criterios de prioridad y mérito.

La situación fue descubierta por la Junta Calificadora del ministerio, durante la revisión de legajos que se realiza para establecer el orden de prioridades en los concursos. Al analizar las formaciones acreditadas por los postulantes, los auditores observaron la reiteración de postítulos falsos, con formatos y contenidos idénticos, que aparecían presentados bajo distintos nombres y números de legajo.

El secretario de Gestión Educativa, Alejandro William Becker, explicó el procedimiento en una entrevista para Que Pasa al Mediodía: "En esa etapa [de revisión y tachas] empezaron a surgir una serie de postítulos apócrifos que respondían a dos o tres modelos básicos, que se repetían con distintos nombres y legajos".

Becker detalló que, para los concursos, los docentes declaran y acreditan sus formaciones (títulos de grado, posgrados y capacitaciones), y en función de eso se calcula el puntaje que determina el orden de prioridad para las designaciones. La aparición de estos certificados falsos vulnera por completo este sistema basado en la meritocracia.

"En el día de ayer procedí a presentar la denuncia correspondiente para que la Justicia investigue una falta grave. Lo que podemos dar (a conocer) es que se pueden configurar varios delitos", afirmó el funcionario. Respecto a la cantidad de casos involucrados, Becker señaló que es "un número que surge de una auditoría general" que aún está en desarrollo, pero advirtió sobre la magnitud del problema: "Es una magnitud que preocupa por el carácter organizado de cómo actúan".

Las autoridades educativas recalcaron que, al presentar la denuncia, ahora son "denunciantes" y que corresponde a la Justicia Penal profundizar la investigación para determinar el alcance de la red y las responsabilidades individuales. El caso expone una grave falla en el sistema de verificación de antecedentes y pone en riesgo la transparencia y equidad de los procesos de selección docente en la provincia.