Esta medida deberá destrabar la transición hacia un mercado de competencia y permitir que el sistema de ductos refleje la nueva realidad de las cuencas gasíferas, hoy con eje predominante a Vaca Muerta, pero al pasar a un esquema de mercado, los precios podrían subir en algunas regiones, afectando a usuarios e industrias del interior.

La Resolución 66/2026 resuelve puntos críticos para la renovación de la operatividad del sistema, a ser declaración de la vigencia de nuevas rutas de transporte por licenciataria y la reasignación de capacidad firme, destaca la prensa especializada y también se destaca la rescisión del contrato de transporte entre Enarsa y Cammesa sobre el Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), la derogación del programa estatal Transport.Ar y la instrucción al ente regulador para fijar cuadros tarifarios de transición; lo que obliga a revisar todos los contratos del sistema y readecuarlos a las nuevas tarifas acorde a un nuevo mix de cuencas productoras.

El ordenamiento, resulta indispensable para que los actores privados, desde productores hasta grandes usuarios industriales, prevean sobre los costos de mover el fluido desde las cuencas hasta los puntos de consumo. Sin una asignación clara de capacidades y una determinación de tarifas precisas para las nuevas rutas del gas, el Gobierno no podría avanzar en la apertura del sector energético.

Lo dispuesto también habilita la operatividad de la Resolución 606/25, un reclamo de las compañías productoras en el marco de la salida del Plan Gas.Ar, que obligaba a garantizar un excedente de producción, cercano al 30%, destinado al abastecimiento de la industria. Los productores la señalaban inconsistente con un mercado de libre competencia; pero, para liberar ese compromiso y permitir que las industrias negocien sus propios volúmenes, vuelve a ser necesario definir antes quién y a qué precio asume la capacidad de transporte asociada.

La implementación de la reconfiguración quedará bajo del Enargas o del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, según corresponda; organismo que modificará los Reglamentos de Servicio de Distribución y Transporte para dar operatividad a la reasignación de capacidades; proceso que incluirá procedimientos de participación ciudadana para la aprobación de los cuadros tarifarios que surjan del nuevo ordenamiento, asegurando que la transición hacia precios de mercado se realice con transparencia, se determinó en la resolución.

La Secretaría de Energía fundamenta la reconfiguración en el cambio estructural de la matriz de abastecimiento de la Argentina ante la declinación de la Cuenca Noroeste y el fin de las importaciones desde Bolivia que; diseñado con un flujo predominante Norte-Sur; quedó obsoleto.

Ahora se busca que la Cuenca Neuquina no solo abastezca al AMBA, sino que llegue al norte del país (y que abrió nuevas diferencias con Nación), lo que requiere una redefinición técnica de las rutas de transporte vigentes hasta la fecha y cerrando el Programa Transport.Ar, aduciendo que la gestión estatal de las obras de infraestructura no alcanzó los niveles de eficiencia esperados. El Ejecutivo busca impulsar la expansión del sistema por la iniciativa privada (bajo la Ley de Bases); reduciendo al mínimo la intervención directa Estatal en la construcción y planificación de gasoductos, delegando responsabilidad en la inversión de los actores del mercado.

Así, la rescisión de contratos de transporte entre Enarsa y Cammesa sobre el GPM (Glaciar Perito Moreno) sucedería en un plazo de diez días, ya que (originalmente diseñado para cubrir los picos de demanda invernal y sustituir importaciones de GNL), ahora es visto como un obstáculo para la libre competencia. Al liberar esta capacidad y dada su importancia para evacuar la producción de Vaca Muerta, se integra plenamente al sistema de transporte, permitiendo que otros cargadores accedan a la capacidad incremental bajo condiciones de mercado y no a través de una reserva exclusiva del Estado.

La resolución también aborda el tratamiento de las exportaciones de gas, instruyendo la derogación del Decreto 689/2002, que otorgaba un tratamiento regulatorio excepcional a contratos de exportaciones de gas natural y que no se justifica en el contexto regulatorio vigente ya que provoca efectos distorsivos en los precios y tarifas a pagar por parte de los cargadores del sistema de transporte. Aunque el destino sea de exportación, la infraestructura disponible para ello se encuentra en territorio nacional y debe ser abonada equitativamente, sin importar si el destino final del fluido es el consumo interno o el mercado internacional.

En cuanto a la remuneración de las empresas licenciatarias, la norma establece que la reconfiguración no debe afectar los requerimientos de ingresos determinados en la Revisión Quinquenal Tarifaria de 2025, bajo objetivo que el impacto de las nuevas rutas se distribuya entre los cargadores, evitando discriminaciones. El ente regulador deberá calcular tarifas provisorias que incluyan los costos de operación y mantenimiento de activos estratégicos, como el Gasoducto Mercedes-Cardales y las obras de reversión del Gasoducto Norte, que hasta ahora se manejaban bajo esquemas diferenciados.

Impacto en las provinicas del norte
La reconfiguración del sistema de transporte de gas natural lleva a que el abastecimiento en las provincias de Salta y Jujuy (dependientes de la Cuenca Noroeste y ya sin el aporte de Bolivia), el abastecimiento dependa cada vez más del gas que llega desde Vaca Muerta, lo que implica que el gas recorra mayores distancias y utilice nuevas rutas de transporte, lo que podría encarecer los costos para industrias y hogares del interior.

Si bien la medida abre la posibilidad a privados para invertir en la ampliación de gasoductos, lo que permitiría garantizar un suministro más estable y reducir la vulnerabilidad frente a los picos de demanda invernal (caso regiones del oeste), el traslado de la producción hacia el norte exigirá renegociar contratos y tarifas. Los usuarios residenciales y fábricas de Salta y Jujuy podrían enfrentar aumentos en las facturas, hasta que se definan los cuadros tarifarios de transición. A largo plazo, si las inversiones privadas se concretan, la región podría beneficiarse con un acceso más seguro al gas y con mayor previsibilidad para el desarrollo industrial.