Esta es la realidad de los municipios salteños, ya que el propio intendente de Apolinario Saravia y presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés se refirió a un escenario complejo: “Hace siete meses que viene cayendo la coparticipación”, con una merma aproximada al 20% entre 2024 y 2025, mientras que en lo que va del año ronda el 14%.

Ante este escenario de reducción de ingresos, la preocupación crece tras el aumento de costos, desde el encarecimiento del combustible a la energía, gastos que deben afrontar mensualmente, además que muchos municipios dependen de la coparticipación para pagar sueldos.

“Hoy el combustible es uno de los gastos más importantes que tenemos para poder garantizar los servicios”.
Si bien algunas comunas cuentan con una mayor base tributaria, lo que ayuda a un menor el impacto, otras tienen un panorama complejo: “La mayoría de los municipios ya recurre a adelantos de coparticipación, lo que implica comprometer ingresos futuros y achicar aún más el margen financiero mes a mes” explicó Moisés.

A pesar de los tributos, la caída de la actividad económica y la desaceleración generaron pérdidas millonarias de ingresos en términos reales.

Los municipios recurren a diferentes medidas para poder hacer frente a sus obligaciones, desde retrasar pagos a funcionarios o dividir salarios: “A veces se les paga en dos partes o se prioriza a los empleados de planta” dijo Moisés.

El municipio de Hipólito Yrigoyen vio las consecuencias de la falta de fondos, cuando a mediados de marzo su intendenta, Soledad Cabrera se retiró con custodia luego de la apertura de sesiones del Concejo por protestas vecinales. El reclamo social llegaba por falta de obras, deficiencias de servicios y cuestionamientos por el manejo de fondos.

Uno de los municipios que declaró la emergencia económica, financiera y administrativa fue Salvador Mazza, mientras que General Mosconi se vio envuelto en el pedido de renuncia de funcionarios y personal de planta política incorporados en 2023 para poder garantizar pago de salarios.