La investigación desarrollada por la Sede Fiscal Descentralizada Orán, a cargo del fiscal federal Marcos Romero y el juez federal de Garantías, Gustavo Montoya; declaró legal la detención de los líderes y un integrante de una organización que alquilaba fincas agrícolas para acopiar drogas; un grupo de tres hombres que fueron apresados el sábado último en Colonia Santa Rosa. El juez dispuso prisión preventiva por 90 días y otorgó 120 días para profundizar la investigación, mientras que también autorizó los peritajes sobre los teléfonos incautados y del dispositivo DVR de una cámara instalada en un local de entretenimiento; propiedad de uno de los imputados.

En la audiencia, los hermanos A.R., J.R y el ciudadano venezolano J.B. fueron imputados como coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en calidad de coautores. Los hermanos también fueron imputados por el transporte de estupefaciente agravado por el número de participantes.

El fiscal Romero explicó que la detención de los tres hombres complementa la investigación abierta el 7 de enero pasado, en la que también intervinieron el auxiliar fiscal Francisco Valencia y la investigadora Analía Cabral Castellanos, y en la que fueron imputados otros cinco miembros de la organización. En esa ocasión, la Sección Colonia Santa Rosa de Gendarmería Nacional recibió el día anterior, una denuncia anónima, de manera que actuaron en cercanías de una estación de servicio en Pichanal (Orán); deteniendo a D.L.G.C; quien conducía un camión con semirremolque que trasladaba cajones de berenjenas.

Al revisar esa carga con el can antinarcóticos “Orfeo”, encontraron 30 kilos de cocaína camuflados entre los cajones de berenjenas. También, se detuvo a J.P.C. quien conducía el automóvil Volkswagen Gol en el que viajaba junto a J. A., E. J. A. y J. C. Y. Los cinco detenidos fueron imputados por el transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y se les dictó la prisión preventiva, disponiendo también el análisis de sus teléfonos celulares. El peritaje sobre los equipos telefónicos y el aporte, en calidad de arrepentidos (de tres de los detenidos), confirmó la participación de los dos hermanos como jefes de la organización, y de J.B. (miembro), llegado a Colonia Santa Rosa siete meses antes y desde Buenos Aires.

Arriendo de fincas
Enfocados en los últimos detenidos, la fiscalía pudo establecer que, en los últimos meses, los dos hermanos alquilaron tres terrenos en Colonia, donde cultivaban tomates y otras verduras como pantalla para ocultar la actividad ilícita. De las tareas de vigilancia sobre otros inmuebles vinculados a los jefes (uno de los cuales funcionaba en el pool “El Bunker”), donde se reunían para coordinar el almacenaje y movimiento de la droga. Además, identificaron varias camionetas que usaban para ir de una finca a otra, con la excusa de realizar tareas agrícolas.

La fiscalía (con intervención de la Unidad de Procedimientos Judiciales “Orán” de la Gendarmería) estableció que traían la droga de Bolivia hasta un establecimiento rural ubicado cerca del Río Colorado, a donde llegaba procedente de Bolivia. Como parte de la intervención telefónica de los celulares de los hermanos y del ciudadano venezolano, surgieron, días previos al allanamiento del sábado pasado, conversaciones y chats que daban cuenta del movimiento de una importante carga de drogas.

Confirmado el lugar de almacenamiento de la droga y a pedido de la fiscalía, el juez Montoya ordenó ocho allanamientos con intervención de personal de la Gendarmería. En una de las fincas donde cultivaban tomates, encontraron una zanja cubierta de yuyos donde había ocho bolsas que contenían un total de 171,450 kilogramos de cocaína, dispuestos en 170 paquete; lugar donde también se detuvo a los dos hermanos A.R., J.R y a J.B.

Además del pool y las fincas arrendadas, se allanó el local bailable “El Jocker”, propiedad de los hermanos, sus viviendas particulares, y el domicilio del ciudadano venezolano en Orán. Además de la droga, secuestraron un tractor con acoplado, tres camionetas Toyota y dos autos Volkswagen, teléfonos celulares y un dispositivo de memoria de una cámara de video existente en el local de entretenimiento.

Para cerrar la imputación sobre los tres detenidos, el representante del MPF hizo hincapié en las conversaciones que mantuvieron los imputados, de las cuales surgieron evidencias sobre el acopio de la droga y su pronta disposición para ser transportada. Luego, solicitó el peritaje de los dispositivos electrónicos, a fin de verificar otras evidencias sobre la eventual participación de otras personas o establecer si realizaron otros viajes con la droga.

En función de la gravedad del caso, su naturaleza compleja, dada la logística y el poderío económico que poseen sus principales imputados, el fiscal Romero solicitó la prisión preventiva de los tres hombres. Agregó, entre otros argumentos, los riesgos de fuga, la alta escala penal del delito y el posible entorpecimiento procesal en el que podrían incurrir, en caso de ser liberados. Por su parte, la defensa solicitó que se dispusiera el arresto domiciliario, pero fue rechazado por la fiscalía, destacando que el ciudadano venezolano tenía un pedido de captura nacional e internacional emitido por el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, en el marco de otra investigación; y que el Juzgado de Garantías del partido bonaerense de Lanús, había declarado en rebeldía a J.R..

Señaló que, si bien estas referencias no son antecedentes condenatorios, si deben ser consideradas en función de la Ley de Reiterancia, vigente desde marzo de 2025. Finalmente, el juez Montoya rechazó los planteos de la defensa y confirmó las peticiones de la fiscalía, respecto a la realización de los peritajes como a la concesión de la preventiva, dada la envergadura y gravedad del caso, el cual consideró fundado en base a los elementos de cargo reunidos hasta ahora por el MPF.