Una importante investigación encabezada por la Justicia Federal y desarrollada por la Unidad de Investigaciones de Gendarmería Nacional permitió reunir elementos probatorios sobre una presunta organización dedicada a falsificar documentación para la obtención de pensiones por invalidez.

Según pudo conocer de forma extraoficial Que Pasa Salta, la investigación se llevó adelante mediante escuchas telefónicas, tareas de campo y análisis periciales que permitieron detectar supuestas maniobras irregulares relacionadas con la confección y presentación de estudios médicos, análisis de laboratorio y certificados utilizados para gestionar beneficios previsionales.

Allanamientos en tres localidades salteñas
Con los elementos reunidos durante la investigación, el fiscal federal interviniente solicitó diversas medidas procesales al Juzgado Federal de Garantías N° 1 de Salta.

Como resultado, el martes 2 de junio se concretaron nueve allanamientos y ocho requisas personales y vehiculares en distintos puntos de las localidades de Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal.

Los procedimientos se realizaron en domicilios particulares y en establecimientos sanitarios públicos y privados que estarían vinculados a la causa.

Qué secuestraron los investigadores
Durante los operativos, los efectivos incautaron una importante cantidad de elementos considerados de interés para la investigación.

Entre el material secuestrado figuran:

• Teléfonos celulares.
• Notebooks.
• Computadoras de escritorio.
• Resultados de análisis médicos.
• Certificados médicos.
• Documentación vinculada al período en que se habrían otorgado las pensiones bajo sospecha.

Todo el material quedó a disposición de la Fiscalía Federal, que ahora analiza la información obtenida para determinar el alcance de las presuntas maniobras investigadas.

Investigan la participación de personal de salud y funcionarios
De acuerdo con la información extraoficial a la que tuvo acceso Que Pasa Salta, las supuestas irregularidades habrían involucrado a integrantes del sistema de salud y a personas vinculadas con distintos niveles de la administración pública.

Los investigadores intentan establecer si existió una estructura organizada destinada a generar documentación falsa para facilitar el acceso irregular a pensiones por invalidez.

Por el momento no trascendieron identidades ni imputaciones formales, mientras la Justicia continúa evaluando la evidencia recolectada durante los procedimientos.

La causa sigue en etapa de análisis
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que los dispositivos electrónicos y la documentación secuestrada serán sometidos a peritajes específicos para determinar su relevancia dentro del expediente.

La Fiscalía Federal deberá ahora analizar cada uno de los elementos obtenidos para definir los próximos pasos procesales y establecer eventuales responsabilidades penales.