Ayer miércoles quedó formalmente constituida la comisión que tendrá la tarea de definir cómo se aplicará la ley que exige exámenes antidrogas para el ingreso y la permanencia en la función pública provincial.

El puntapié inicial se dio durante una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, y el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, quienes remarcaron la importancia de una medida que busca reforzar la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

La normativa, convertida en Ley Provincial 8533 tras el DNU 32/26 firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, establece la obligatoriedad de controles toxicológicos bajo estrictos protocolos técnicos, legales y de confidencialidad para quienes desempeñen cargos públicos.

"Para el Gobernador este es un tema trascendental porque entiende que la sociedad lo demanda", sostuvo Camacho ante los integrantes de la comisión, al tiempo que calificó la tarea que tendrán por delante como "de vital importancia".

En la misma línea, Mangione destacó que Salta se ubica a la vanguardia en el abordaje de esta problemática y señaló que la reglamentación deberá contemplar todos los aspectos necesarios para garantizar procedimientos confiables y transparentes. Durante el primer encuentro ya comenzaron a analizarse los protocolos que servirán de base para la futura implementación de la ley.

La comisión está conformada por representantes del Poder Ejecutivo, las cámaras de Diputados y Senadores, junto a especialistas en salud, toxicología y asesoramiento legal. Además, se anticipó que el Poder Judicial será invitado a sumarse al proceso.

Con el inicio de este trabajo, el Gobierno provincial avanza en uno de los proyectos más resonantes de este año, que apunta a establecer controles obligatorios para quienes aspiren a ocupar o mantener cargos dentro de la administración pública.