El Gobierno nacional sacó del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras. La decisión se tomó ante la falta de votos y para evitar una derrota durante su tratamiento en el Senado.

Sin embargo, la iniciativa que impulsa el presidente Javier Milei conserva buena parte de las reformas originales. El texto propone modificar las reglas sobre desalojos, expropiaciones, terrenos afectados por incendios, regularización de viviendas y registros inmobiliarios.

El argumento oficial es que los cambios permitirán reforzar la propiedad privada, mejorar la seguridad jurídica y reducir la intervención del Estado. Los sectores críticos advierten que podrían dejar en una situación más vulnerable a familias, inquilinos y ocupantes, además de dificultar obras públicas.

1. El Gobierno retiró la reforma sobre tierras extranjeras
El capítulo más cuestionado buscaba modificar la Ley 26.737 de Tierras Rurales, vigente desde 2011.

La legislación actual establece que los extranjeros no pueden controlar más del 15% de las tierras rurales del país, de una provincia o de un municipio. También fija límites individuales y restricciones en zonas de frontera, terrenos con grandes cuerpos de agua y áreas consideradas estratégicas.

El Gobierno había propuesto eliminar esas limitaciones. Ante la falta de apoyo, ofreció elevar del 15% al 25% el máximo permitido de tierras en manos extranjeras.

La modificación tampoco reunió los votos necesarios y finalmente el oficialismo decidió retirar todo el capítulo.

La marcha atrás es temporal. Desde el bloque oficialista señalaron que continuarán trabajando en una nueva redacción para intentar alcanzar un mayor consenso.

2. Desalojos más rápidos
Uno de los principales cambios que continúa dentro del proyecto busca acelerar los procesos judiciales para recuperar propiedades ocupadas.

Las causas pasarían a tramitarse mediante procedimientos más rápidos. En determinadas situaciones, el juez podría ordenar la restitución del inmueble antes de que finalice el juicio, siempre que considere suficientemente probado el derecho del propietario.

En términos simples, el dueño podría recuperar la propiedad mientras todavía se discute el fondo del conflicto judicial.

Los sectores que cuestionan la reforma advierten que los inquilinos y ocupantes tendrían menos tiempo para presentar documentación, reclamar derechos o preparar su defensa.

Durante el debate se incorporaron algunas garantías para los casos en los que estén involucradas familias con niños, adultos mayores o personas con discapacidad. A pesar de esos cambios, el objetivo central sigue siendo reducir los tiempos de los desalojos.

3. Cambios en la protección de terrenos incendiados
El proyecto también modifica la Ley de Manejo del Fuego.

La normativa vigente impide durante varios años cambiar el uso de tierras afectadas por incendios. La medida fue creada para evitar que un terreno sea quemado de manera intencional y luego utilizado para proyectos inmobiliarios, turísticos, agrícolas o ganaderos.

La iniciativa reduce parte de esas restricciones y limita su aplicación a un grupo más acotado de terrenos.

Para el Gobierno, el cambio permitiría que las tierras afectadas vuelvan a ser utilizadas para actividades productivas.

Organizaciones ambientales y sectores opositores advierten que flexibilizar la norma podría quitar una de las herramientas destinadas a desalentar incendios intencionales.

4. Expropiar una propiedad será más costoso
La propuesta modifica las condiciones que debe cumplir el Estado para expropiar un inmueble destinado a una obra de utilidad pública.

Actualmente, una expropiación debe estar justificada por ley y el propietario tiene derecho a recibir una indemnización.

El nuevo proyecto agrega exigencias y amplía los conceptos que podrían incluirse en el monto final. Además del valor de la propiedad, el dueño podría reclamar el lucro cesante, es decir, las ganancias que asegura haber dejado de obtener por la expropiación.

Este punto podría aumentar considerablemente el costo que debe asumir el Estado.

5. Qué puede pasar con las obras públicas
Los cambios en las expropiaciones podrían tener consecuencias sobre la construcción de rutas, hospitales, escuelas y otras obras públicas.

Cuando un proyecto necesita atravesar o utilizar una propiedad privada, el Estado debe adquirirla o iniciar un proceso de expropiación.

Al aumentar los requisitos y las indemnizaciones, una obra podría demorarse si no existe acuerdo con el propietario o si el Estado no cuenta con los fondos necesarios.

Los críticos sostienen que la reforma podría frenar proyectos de infraestructura necesarios para la población.

El Gobierno, en cambio, argumenta que ninguna obra pública debe avanzar sin garantizar una compensación adecuada y completa para el dueño del inmueble.

6. Regularización de viviendas
Otro de los puntos incluidos está relacionado con los mecanismos utilizados para regularizar viviendas y terrenos.

La intención oficial es ordenar los procedimientos y reforzar la documentación necesaria para reconocer derechos sobre una propiedad.

El impacto concreto dependerá de la redacción definitiva que apruebe el Congreso y de la reglamentación posterior. Los detalles sobre cómo se aplicará en cada provincia todavía no fueron informados oficialmente.

Este tema resulta especialmente sensible para familias que habitan desde hace años en inmuebles sin escritura o que esperan completar trámites de regularización dominial.

7. Modificaciones en los registros inmobiliarios
La iniciativa también propone cambios en el funcionamiento y la información de los registros inmobiliarios.

Estos organismos provinciales anotan quién es propietario de cada inmueble, si existen embargos, hipotecas, inhibiciones u otras restricciones.

El objetivo declarado es mejorar la seguridad jurídica y facilitar el acceso a información sobre las propiedades. Como los registros dependen de cada provincia, la aplicación práctica de la reforma podría variar según la jurisdicción.

8. Por qué el Gobierno impulsa estos cambios
El Poder Ejecutivo sostiene que la legislación actual presenta trabas, demoras y restricciones que afectan el derecho de propiedad.

Según la postura oficial, la reforma permitiría:

• acelerar la recuperación de inmuebles;
• garantizar indemnizaciones más amplias;
• reducir obstáculos para las inversiones;
• mejorar la seguridad jurídica;
• limitar la intervención estatal sobre propiedades privadas.

El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo y analizado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado.

9. Qué cuestionan los opositores
Los detractores de la iniciativa sostienen que la protección de la propiedad privada no debe avanzar sobre otros derechos.

Entre los principales cuestionamientos aparecen:

• menos tiempo de defensa frente a un desalojo;
• mayores costos para construir obras públicas;
• menor protección para terrenos incendiados;
• dificultades para regularizar viviendas;
• posibles conflictos entre las normas nacionales y provinciales.

También advierten que acelerar los procesos judiciales no necesariamente resuelve los problemas habitacionales y sociales que existen detrás de muchas ocupaciones.

10. Qué pasó con la Ley de Tierras
La Ley 26.737 continúa vigente y no fue derogada.

Javier Milei había intentado eliminarla mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, pero esa decisión fue frenada judicialmente. El decreto señalaba que la normativa limitaba la propiedad rural y las inversiones en el sector.

El Gobierno volvió a intentarlo mediante el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque nuevamente debió dar marcha atrás por falta de respaldo político.

Por ahora, se mantienen los límites para la compra de campos por parte de personas y empresas extranjeras.

11. Qué tiene que ocurrir para que los cambios sean ley
El proyecto debe ser aprobado por ambas cámaras del Congreso.

En caso de recibir media sanción en el Senado, deberá pasar a la Cámara de Diputados. Si Diputados realiza modificaciones, el texto tendrá que regresar a la Cámara Alta.

Hasta que finalice ese proceso y la norma sea promulgada, las reformas no entrarán en vigencia.