La decisión les daría 40 días adicionales a los interesados para analizar los pliegos y definir sus propuestas. 

La presentación de ofertas estaba prevista originalmente para el 11 de noviembre, pero el Ministerio de Economía habría resuelto trasladarla al 21 de diciembre, según fuentes del mercado citadas por medios especializados. La modificación todavía deberá formalizarse mediante una resolución en el Boletín Oficial.

Según Iprofesional, la postergación responde a pedidos de las empresas interesadas, que solicitaron más tiempo para estudiar las condiciones de la concesión, calcular los costos de mantenimiento y proyectar las inversiones necesarias. Se trata de contratos que tendrán una duración de 50 años y que abarcan una red de 7.594 kilómetros de vías.

Qué puede cambiar para Salta

La privatización del Belgrano Cargas es un tema de interés para Salta porque el ferrocarril constituye una alternativa para trasladar la producción regional hacia los principales centros industriales y las terminales portuarias. 

En una provincia con actividad agropecuaria y proyectos mineros en expansión, la disponibilidad de infraestructura ferroviaria puede incidir en los costos logísticos y en las posibilidades de crecimiento de esos sectores.

Quiénes quieren quedarse con las concesiones

La licitación despertó el interés de empresas agroexportadoras, constructoras y operadores ferroviarios. Entre los grupos que analizan participar aparecen la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company.

También figuran los grupos Roggio, Rovella Carranza y Emepa, este último vinculado con la familia Romero y con antecedentes en el sector ferroviario. En el ámbito minero, Rio Tinto mantuvo contactos relacionados con el proceso y podría intervenir mediante distintas modalidades de asociación.

En cambio, Grupo México Transportes decidió retirarse de la competencia luego de cuestionar el sistema de acceso abierto que impulsa el Gobierno nacional. Ese modelo establece que la empresa que administre las vías no tendrá exclusividad sobre las cargas y deberá permitir que otros operadores utilicen la infraestructura bajo las condiciones regulatorias correspondientes.