El ministro de Salud, Federico Mangione, había informado en los últimos días del brote y aseguró que todos los pacientes estaban recibiendo el tratamiento médico correspondiente.

Geria busca determinar la situación sanitaria de la población penitenciaria, verificar la existencia de casos de tuberculosis y reunir información sobre las condiciones en las que se encuentran las personas afectadas.

Mediante un decreto, la fiscal Geria dispuso una serie de medidas destinadas a obtener información directa de las autoridades penitenciarias y del personal sanitario, así como documentación que permita establecer el alcance de la situación denunciada.

La Alcaidia, las unidades carcelarias 1 y 4, deberán presentar en las próximas 24 horas un informe sobre la situación sanitaria actual de las personas alojadas en esos establecimientos.

Los organismos deberán precisar si durante el presente semestre se registraron internos con diagnóstico confirmado de tuberculosis y si existen personas aisladas por presentar síntomas compatibles con la enfermedad. También citaron a declarar a los encargados del Departamento de Sanidad de la Unidad Carcelaria 1, y a un profesional médico que presta servicios en el ámbito penitenciario.

En paralelo, solicitó la intervención del Cuerpo Especial de Investigadores (CEI), cuyos integrantes deberán recabar información sobre las personas privadas de la libertad que se encuentren hospitalizadas por tuberculosis.